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I. El contexto de 1999: Límites presupuestales y objetivos institucionales
Desde finales de 1998 alertamos a la comunidad universitaria y a la opinión pública sobre la disminución del subsidio federal a nuestra Universidad, previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
La Universidad participó en un intenso proceso de interlocución con diversos actores del Estado, en las comisiones correspondientes a la Cámara de Diputados, ante los responsables de la educación pública en el poder Ejecutivo. Consideramos nuestra responsabilidad señalar en todos los foros la importancia que para la nación tienen las instituciones de enseñanza y, en particular, la contribución que la educación superior realiza en el desarrollo del país.
A partir de tales gestiones, la Secretaría de Educación Pública entregó a la Universidad una parte del remanente de su ejercicio presupuestal de 1998. Disminuyó así, el impacto del decremento real que sufrió el subsidio en la Ley de Presupuesto aprobada por la Cámara de Diputados y publicada por el Ejecutivo Federal en enero de 1999. Además, durante el año, se consiguieron incrementos en la suma asignada originalmente.
La reacción ante la disminución de los recursos fue inmediata. Se establecieron políticas de ajuste en rubros significativos y se crearon mecanismos de racionalización en el gasto destinado a las actividades sustantivas. De esta forma se impulsó un ejercicio más intenso de los recursos disponibles.
Un elemento importante para organizar consecuentemente la utilización de los recursos se fundamentó en los acuerdos del Rector General sobre las convocatorias de plazas temporales. Sin duda, estos acuerdos afectaron la planeación académica y obligaron a emprender grandes esfuerzos en los departamentos y las divisiones para cumplir nuestros compromisos con la docencia. Otro cambio significativo lo encontramos en la modificación de los montos asignados al estímulo a la docencia y la investigación.
Nos vimos en la necesidad de tomar estas y otras graves decisiones, con el fin de garantizar el funcionamiento del conjunto de las actividades, la protección del patrimonio universitario y la viabilidad de la operación anual de la Institución.
En el mes de marzo el Colegio Académico estableció un conjunto de políticas para orientar la planeación presupuestal de la Universidad. Podemos afirmar que las decisiones adoptadas a lo largo de 1999 son consistentes con la estrategia entonces definida.
Para enfrentar las consecuencias de la astringencia financiera se diseñó una estrategia orientada a proteger el funcionamiento de aquellos programas institucionales calificados como prioritarios, en la planeación y presupuestación de cada Unidad y División. Se optó decididamente por cuidar la viabilidad financiera de la Universidad y por evitar, en lo posible, que los fenómenos del entorno pudieran impedir que la Universidad cumpliera con los objetivos que le son propios. Las medidas económicas que se tomaron, durante el año que se informa, han buscado minimizar el daño a la Institución y se puede afirmar que resultaron efectivas y hacen a la Universidad menos vulnerable a los problemas que pudieran presentarse en los años siguientes.
En el año de 1999 parecería inevitable aflojar el paso, disminuir la velocidad, sin posibilidad de resistir a las condiciones dadas por la limitación notable de los recursos presupuestales, pero los datos muestran el empeño por no perder el ritmo y oponer a las circunstancias la capacidad académica de la Universidad. Se advierte en ello el compromiso de la comunidad universitaria con el fomento y la promoción de la vida académica.
Quizá conviene recordar aquí que la Universidad Autónoma Metropolitana se enfrentó a la crisis de los años ochenta en un momento muy temprano de su existencia. Esta situación obligó a la Universidad a formular soluciones que hicieran fuerte a la institución en términos financieros. Se adoptaron políticas de disciplina presupuestal que conformaron un primer marco de regulación y planeación del desarrollo institucional. En esta ocasión las políticas definidas se han orientado a la protección de las actividades académicas y la continuidad de los proyectos prioritarios en las diversas esferas de la actividad institucional.
Es tal vez por aquella experiencia que durante el año de 1999 adquirió relevancia la fortaleza de nuestra vida académica. Si bien las lecciones del ajuste presupuestal dejaron clara idea de la importancia del ahorro como política necesaria de la Universidad pública, resulta evidente que esto sólo se logra gracias a la eficiente definición de prioridades académicas en el gasto. Esto implicó encontrar mecanismos reales para una adecuada asignación de recursos para las actividades sustantivas. Ciertamente, la nueva circunstancia económica propició la reflexión sobre el financiamiento de la Universidad y sobre sus deberes con la sociedad.
El decidido empeño por atenuar el impacto de la reducción de presupuestos se tradujo en una firme disposición de asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones institucionales. El método y la disciplina del ejercicio señalaron el camino para dejar a salvo de posibles perjuicios las tareas fundamentales de servicio a la sociedad.
En estos términos la política aplicada dirigió los esfuerzos de la Institución a reforzar el capital de trabajo, las tareas del Patronato y el desarrollo de una estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo.
La madurez de la comunidad universitaria y la capacidad de gestión en las diversas esferas de la Institución hicieron posibles que se envitaran fricciones o disputas en torno a los recursos escasos. Profundizamos así en las relaciones de cooperación que siempre han hecho más vigorosa a nuestra Universidad.
Lo realizado durante 1999 fue decisivo de la Institución, pero quedaron
muchas tareas aplazadas. Conviene retomarlas en los ejercicios presupuestales
siguientes, en especial en lo relacionado con el mantenimiento de las instalaciones
y la reposición de equipo y materiales necesarios para la docencia y
la investigación. La Universidad debe establecer una estrategia de mediano
plazo para financiar la infraestructura pendiente de los planes rectores de
cada Unidad.