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IV. Los debates de 1998
A lo largo de 1998, la Universidad vivió una situación de restricción en su gasto vinculada con el ritmo de acceso a los recursos y con su monto efectivo, así como a la astringencia en fuentes gubernamentales alternativas de financiamiento. A finales del año, fue público que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación preveía una reducción significativa en los fondos destinados a la educación pública y, en especial a la educación superior
Desde el primer momento expresamos nuestra preocupación por tal política de reducción en un rubro de gasto que resulta estratégico para la nación. En todos los foros manifestamos la importancia de las actividades de la Universidad y su trascendencia para el desarrollo del país, al argumentar sobre la necesidad de dotar a la educación de recursos adecuados y no restringir su capacidad o mutilar sus condiciones de operación.
En la Honorable Cámara de Diputados expresamos, en sus comisiones especializadas, de forma pública y con muchos representantes en forma privada, la situación de emergencia que la restricción de recursos generaría en las instituciones, en particular en la Universidad Autónoma Metropolitana.
Convocamos a los órganos personales de la Universidad a expresar públicamente su posición sobre el financiamiento de la educación pública y el papel fundamental que tiene para el desarrollo nacional. En tal ocasión expresamos la preocupación y alarma de la Universidad por el carácter restrictivo del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Tales expresiones públicas se multiplicaron posteriormente en los órganos colegiados de la Universidad.
La participación de la comunidad universitaria en este debate nacional sobre el financiamiento de la educación pública y, en especial de la educación superior, marca un hito y se afilia a los grandes debates que sobre la Universidad y su naturaleza se han desarrollado a lo largo de la historia moderna de México.
El gobierno federal fue sensible a las manifestaciones de la sociedad, a los argumentos de los universitarios y a las gestiones de las comisiones de Educación, y Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados, otorgando más recursos a la Universidad, a partir de la reasignación de ahorros presupuestales.
Conforme este complejo proceso de diálogo y negociación se desarrolló, de forma responsable se alertó a los órganos personales de la Universidad sobre la situación extrema en que se desarrollarían nuestras actividades en el caso de no modificarse el monto de los recursos disponibles para 1999. Ello implicó la apertura de un debate interno sobre los mecanismos para administrar tal escenario hipotético, las alternativas de ahorro y las fórmulas para establecer consensos sobre el destino de los recursos.
A lo largo de este proceso hubo que trabajar diversos horizontes de acción para preparar la respuesta institucional a una crisis de recursos. La prioridad entonces, como hoy, ha sido garantizar la viabilidad financiera de la Universidad.
A iniciativa de algunos miembros del Colegio Académico, se citó a este órgano para escuchar información sobre la situación financiera de la Universidad cuando no había certeza sobre la materia. Así se informó durante el desarrollo de la sesión. En tal oportunidad, el debate se orientó en torno de las prioridades de la Institución, lo que resulta sumamente útil para los procesos de planeación en la Universidad.
Sobre este tema es importante tener en cuenta que las prioridades institucionales, en relación con el presupuesto, surgen de la conciliación de las prioridades establecidas por las áreas, los departamento y las divisiones en el proceso de planeación que permite la configuración de los proyectos de presupuesto que de esta forma son aprobados con prioridades por los consejos de las divisiones y de las unidades. En la medida en que tal ejercicio se realiza, el Colegio Académico puede conocer las prioridades que la comunidad universitaria ha expresado a lo largo del proceso de planeación. Es en consenso con tales prioridades como el Colegio Académico, en armonía con la legislación, tiene capacidad para establecer políticas sobre la materia y, en su oportunidad, autorizar el presupuesto de ingresos y egresos.
La información financiera de la Universidad, correspondiente a 1998, se ha consolidado y se presenta junto con este documento a la consideración del Colegio Académico. Asimismo la mayor parte de los consejos divisionales ha concluido la determinación de sus prioridades, que además están contenidas en diversos instrumentos de planeación. Hoy este Colegio tiene los elementos para debatir la cuestión de manera informada y responsable en el marco de sus atribuciones.
Esto permitirá continuar el debate que, en este órgano colegiado, se ha desarrollado, desde mediados de 1998, sobre el presupuesto, su naturaleza y la necesidad de preservar la viabilidad financiera de la Institución. A lo largo de este debate, se han presentado al Colegio la evidencias sobre los mecanismos de control presupuestal, la asignación de recursos y el ejercicio del gasto. De forma que se ha mostrado la transparencia con que los recursos han sido administrados en la Universidad, en estricto cumplimiento de la legislación y de los acuerdos del Colegio Académico. Este debate habrá de continuar y deberá servir como un elemento para mejorar nuestros procesos y afinar los mecanismos correspondientes.
En la gestión, supervisión y control de recursos y el patrimonio
de la Universidad es necesario destacar la tarea seria y responsable que realizan
el Patronato y sus órganos ejecutivos, en el ejercicio de sus facultades.
Sin lugar a dudas, el debate sobre el financiamiento tiene por contexto los
procesos de planeación, que también han sido objeto de discusión.
La planeación en la tiene un carácter participativo que le da
sustancia y permite el efectivo ejercicio de la autonomía universitaria.
Es necesario reconocer que no en todos los espacios de la Institución
se ha logrado la participación efectiva de la comunidad, esto es algo
que debemos promover y fortalecer.
En la medida en que los profesores en las áreas y los departamentos participan en la definición de prioridades para el ejercicio de los recursos, y que tales prioridades responden a una visión de mediano y largo plazo sobre el desarrollo de sus actividades académicas, la planeación se consolida como un instrumento real que dirige el rumbo de la Universidad.
La participación informada en los procesos de planeación y la construcción de sus instrumentos, acota los márgenes de discrecionalidad y otorga a la comunidad mecanismos adecuados de control sobre las actividades académicas de los departamentos y las divisiones. Este proceso, que incluye en cada momento a los órganos colegiados, constituye el ejercicio de debate más importante que año con año se ha de realizar en la Institución, pues de los consensos que ahí se logran se establece la plataforma del desarrollo futuro del conjunto de la Universidad.
Al final de 1998, el Colegio Académico dictaminó sobre el Examen General de Calidad Profesional (Examen General para el Egreso de la Licenciatura). Ello fue resultado de más de cinco meses de intenso trabajo de la comisión designada. A lo largo de ese periodo, diversos actores de la Universidad participaron en un importante debate sobre la evaluación de la docencia y su trascendencia para la Institución y la sociedad mexicana.
La experiencia muestra que en la Universidad algunos de los mecanismos de participación requieren de mejores fórmulas de organización que garanticen una mayor calidad en el debate pero también, expresa la capacidad de la Institución para procesar la diversidad de opiniones en marcos definidos. De esta capacidad depende la construcción de los consensos que permiten a la comunidad universitaria guiar la vida académica con autonomía.
Destaca en el dictamen del Colegio Académico la importancia de la evaluación de las tareas académicas, y la responsabilidad de la Institución de ofrecer a la sociedad explicación clara sobre la calidad de sus actividades.
Ciertamente, la mayoría del Colegio Académico rechazó el examen como requisito previo a la titulación, sin afectar las atribuciones y facultades de otras instancias universitarias a este respecto. Con la argumentación del dictamen se fijaron algunas directrices importantes respecto de la participación del conjunto de la Universidad en instrumentos generales de evaluación de la docencia.
Sin lugar a dudas, los procesos de evaluación en la Universidad habrán de estar sustentados en las mejores prácticas de cada disciplina, en la transparencia de sus instrumentos, en el juicio de los especialistas y en la participación de todos los actores. Pero la evaluación no puede implicar trasladar al contexto la responsabilidad de realizar con la mayor calidad nuestras actividades, o diluir en lo colectivo el compromiso y la obligación de cada uno. En este sentido, la evaluación ha de ser un ejercicio que nos interpele personalmente y nos ofrezca vías para mejorar nuestro desempeño.
Estas directrices habrán de servir para que la Universidad ponga en marcha un proceso profundo de evaluación de todas aprendizaje, donde, quiero reiterar, resulta fundamental una intensa participación de los profesores y los estudiantes. De tal evaluación conocerá en su oportunidad este Colegio Académico.
El sentido y alcance de los debates desarrollados, a lo largo de 1998, deja claro que formamos una Institución dinámica y diversa, que se cuestiona constantemente sobre la naturaleza y alcance de sus actividades. El papel que ha desempeñado el Colegio Académico en estos debates pone en evidencia su participación central en la vida universitaria.
Es necesario enfatizar una diferencia entre el debate académico y el debate institucional. El debate académico se realiza en los marcos de una disciplina y de acuerdo con las reglas de validación que le son propias, de forma que se establece un acuerdo comunicativo que permite organizar la pluralidad de opiniones en marcos racionalizados de intercambio de ideas. Los valores que impulsan este debate están centrados en el conocimiento, la veracidad y la honestidad de los participantes, en el avance de la razón, la tolerancia y la crítica estricta de los enunciados. Este debate, que es fundamental para el avance de las ciencias, no está fundado en verdades, sino en conjeturas que están sujetas a un constante proceso de revisión.
El debate institucional, en cambio, responde a la diversidad de intereses y ópticas que confluyen en la política universitaria, es un debate que se enmarca reglamentariamente, pero que carece de mecanismos de validación que constituyan un acuerdo de comunicación. Esto da lugar a un relativo oscurecimiento sobre los contenidos y, en ocasiones, al desarrollo de discursos ideológicos sin referentes institucionales. Existe una pluralidad de valores que confluyen al debate de forma heterogénea, de acuerdo a los diversos proyectos que convergen en el hacerse de la Universidad, lo que genera una imagen de pluralismo y relativismo moral que impide reconocer el fundamento axiológico de la vida institucional, en la tolerancia, el respeto por la diferencia, el aprecio por el conocimiento y, sobre todo, la responsabilidad compartida de mantener y fortalecer a la Universidad.
El futuro de la Universidad nos compromete a todos, garantizar su sano desarrollo es obligación de todos. Tenemos el privilegio de participar en la construcción de una Institución cuyas actividades son patrimonio de la sociedad, a ese privilegio le corresponde el deber de cuidar de ellas. Nuestro imperativo moral está sujeto a este eje fundamental.
En estos términos cuidar de la Universidad y del sano desarrollo de la vida académica ha de ser el punto de partida del debate institucional. Ello implica ser especialmente cuidadosos de la posición de la Universidad frente a los actores de la sociedad y del Estado. En el contexto en que hoy se encuentra la Universidad Autónoma Metropolitana es especialmente importante que tengamos presentes nuestras obligaciones y honremos el legado de la sociedad.