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El contexto nacional
La inquietud y la actividad políticas que vivió el país durante 1988 fueron también notas características en la vida de la Universidad.
En el ámbito universitario es muy difícil establecer un deslinde entre la actividad política y la académica. No hay duda que la Universidad es una institución académica, pero tampoco hay la menor duda de que la problemática política es del interés académico y debe, por tanto, ser analizada y discutida en el ámbito universitario. Por ningún motivo la Universidad, como institución, debe estar al margen de los fenómenos políticos y sociales. Todo lo contrario: constituyen su razón de ser. Las universidades existen para dar respuesta a este tipo de problemas.
No es que la Universidad tenga un compromiso partidista, o que como institución apoye el desarrollo de actividades de determinados grupos políticos, tal pretensión ni es función universitaria y este deslinde depende de la responsabilidad y el entendimiento que tengamos los universitarios de estas situaciones.
Informo con satisfacción que durante 1988, año de gran efervescencia política, nuestra Unidad tuvo un comportamiento madura. Dio acceso a la información política, admitió la presencia de líderes de distintos partidos y diferentes posiciones hubo un gran número de reuniones de análisis político de la coyuntura electoral y de posiciones partidarias divergentes, se hizo trabajo académico sobre la situación política, sin que esto significara ponerle bandera política a la Universidad, ni implicará su filiación masiva a una corriente o una posición determinada.
Por el contrario, este clima universitario de madurez, donde se puede hablar de posiciones diferentes, siempre garantizó el respeto a la manifestación de las ideas en relación a problemas cuya trascendencia, por la gravedad de las condiciones económicas del país, pudo generar polarizaciones que afortunadamente no sucedieron en ningún caso. Obtuvimos gran riqueza informa sin perder la posición de dignidad académica y universitaria.
La posición académica no puede implicar la ignorancia de los problemas, la falta de sensibilidad y opinión de la Universidad cuando los acontecimientos lo requieren. Y esto ocurrió en nuestro Consejo Académico. Fue un hecho, en mi opinión, saludable que habla de la madurez de nuestra Comunidad y de la clara posición de la Universidad:
Hubo un momento en que el propio Consejo Académico consideró que se requería una toma posición en relación a los acontecimientos políticos del país, y la hizo pública, manifestando inquietudes en relación al proceso, desde este nivel de respeto y dignidad universitarias.
Inmersa en ese contexto político y en un clima socioeconómico difícil, la Universidad, sin confundir ni olvidar sus funciones, debe asumir una relación clara con el Estado, que es preciso hacer explícita:
La Universidad subsiste básicamente de los recursos que le aporta el Estado. Tiene, por tanto, una economía absolutamente dependiente: hecho explicable y lógico, pero que en la actual coyuntura económica vuelve a la Universidad muy vulnerable a las decisiones que toma el toma el Estado en cuanto a disponibilidades presupuestales.
Si la función de las universidades es preparar al personal que deberá enfrentar los problemas del desarrollo futuro del país, si son los espacios donde se analiza, discute y genera el conocimiento, y si estamos conscientes que el país enfrenta problemas de fondo que no se hablan presentado antes, y que tiene que generar estrategias imaginativas, trascendentes y sólidas para resolverlos, mi convicción es que estas alternativas tendrán que surgir de los universitarios.
De los universitarios, tanto los profesionistas egresados de las aulas, como los investigadores que analizan, trabajan y proponen nuevas soluciones a los problemas emergentes del país.
El hecho de que el país enfrente una crisis económica y una restricción fuerte de recursos presiona hacia la disminución del presupuesto para las universidades y el primer efecto de tal presión recae sobre el personal universitario mismo. Constatamos entonces la paradoja de ver el deterioro del potencial universitario como recurso del futuro por la imposibilidad de que los trabajadores de la universidad subsistan con los recursos que les llegan por vía salarial, imposibilidad que los obliga a realizar otras actividades para subsistir, con la consecuente lesión a la universidad.
Aún suponiendo que el personal mantiene su dedicación en tiempo y en horario, el hecho de dispersar su mente en varios motivos de interés reduce su productividad.
Este efecto repercute desde ese grado de erosión hasta la desintegración de la comunidad académica: muchos de los profesores mejor preparados, con más experiencia y capacidad, obtienen mejores ofertas y es comprensible y natural que presten sus servicios en otra parte, lo que debilita su dedicación académica.
Como universitarios esperaríamos la comprensión del Estado a las consecuencias de estas limitaciones, así como de la decisión de restringir recursos para la vida académica del país, y desearíamos, como respuesta, no una situación de privilegio en función de presiones de los trabajadores y de una situación política, sino una toma de conciencia de los que le cuesta al país el deterioro de las universidades y la pérdida de este capital nacional, considerando el tiempo que implica reponerlo, en el caso de que se dé tal oportunidad.
Hay daños consumados que no se repararían simplemente porque hubiera un súbito incremento en salarios o una reconsideración a la política de asignación de recursos para la educación superior, pero es indudable que mientras mayor tiempo pase, los efectos se profundizarán y la respuesta de las universidades tardará más en trascender en la realidad nacional e incidir en la solución de problemas.
Este desajuste temporal es otra responsabilidad que el Estado debiera también evaluar en estos momentos, así como la política de asignación de recursos sólo para prioridades decididas en las estructuras de gobierno.
Resulta perfectamente legítimo que el Gobierno considere que hay temas prioritarios para el desarrollo del país y aporte recursos adicionales para investigar estos aspectos. No obstante, resulta inadmisible que debido a las carencias, otros aspectos del conocimiento y de la realidad nacional, aquéllos del conocimiento y de la realidad nacional, aquéllos que las propias instituciones académicas consideran prioritarios dentro de sus atribuciones, no cuenten con recursos suficientes para ser estudiados porque los que llegan están asignados en forma exclusiva.
Aunque no haya obstáculos explícitos para realizar trabajos de investigación, hay una real carencia de recursos que imposibilita llevarlos a cabo. Esto afecta en forma nada sutil lo más delicado de la autonomía universitaria y para la profundización del conocimiento. Tal afectación debiera ser revisada y recomprendida por el Estado.