I. Introducción
Para cumplir con la obligación que establece el artículo 16 de la Ley Orgánica, presentó ante este Colegio Académico y a la comunidad universitaria, el informe del Rector General correspondiente al periodo de enero de 1995 a marzo de 1996.
Con este informe se pretende brindar a la comunidad y en particular a los Órganos Colegiados de la Universidad, un panorama lo más amplio e integral posible de los asuntos ocurridos en la Institución durante el periodo que se informa y de las acciones emprendidas por la presente administración en apoyo a las funciones que le son propias a nuestra Casa de Estudios.
El informe constituye también un ejercicio de reflexión sobre el rumbo de la Institución, los avances logrados y lo que aún debe realizarse. Este ejercicio ha de ser compartido por el conjunto de la comunidad universitaria en un momento que se caracteriza por los intensos cambios y la inestabilidad que sufre el conjunto de la sociedad. Ello nos obliga a estar más atentos ante las aceleradas y profundas transformaciones en las que viven México y el mundo.
El año de 1995 se caracterizó por una grave situación de crisis que sufrió el conjunto de la economía. Una vez más las limitaciones de las formas de organización de la vida productiva del país se expresaron en la caída drástica de la producción, el empleo y en consecuencia de los niveles de vida de la población.
La crisis económica es grave y ha hecho más complejo el entorno de la vida política y social de México, que desde 1984 ha vivido en una situación de extrema tirantez, lo cual entraña graves peligros para el desarrollo del país.
La crisis económica de la década de los 80 afectó duramente a las Instituciones Públicas de Educación Superior y generó procesos graves de deterioro de la calidad de la vida académica. En su momento más severo, la crisis puso en riesgo la calidad del conjunto de las actividades que en ellas se realizan. Sabemos que, en un escenario de fuertes restricciones presupuestales, las consecuencias sobre la calidad de la vida académica pueden ser devastadoras e irreversibles si no se toman un conjunto de medidas oportunas y se establecen políticas adecuadas que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y el apropiado desarrollo de la Universidad.
En el caso particular de la UAM, la situación llegó a un punto tan delicado, que no fue posible ofrecer condiciones que garantizaran la permanencia de los profesores en la Institución y, por ello, se puso en grave riesgo la viabilidad del proyecto académico de la Universidad. Asimismo, se afectaron seriamente las condiciones de trabajo en las aulas y los laboratorios y se tuvieron que tomar decisiones tan significativas como la interrupción de un número importante de suscripciones a revistas especializadas y la disminución radical del gasto en la Biblioteca. La situación llegó al extremo de no contar con los recursos necesarios para brindar el mantenimiento básico a las instalaciones; esto a pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones de la Universidad para optimizar el uso de los recursos disponibles y mejorar los canales de financiamiento de la misma.
A lo largo de los últimos años, revertir el deterioro de la vida académica generado por la crisis, ha sido uno de los grandes logros de la comunidad universitaria, logros que han sido fundamentales para enfrentar la difícil coyuntura actual por la que atraviesa la economía nacional.
La Universidad no ha estado ajena a los diversos problemas que aquejan hoy a nuestro país y ha contendido con dificultades que de no haberse enfrentado con la mayor responsabilidad institucional, habrían puesto en serio riesgo la viabilidad y el desarrollo de la Institución.
Basados en un amplio ejercicio de planeación académica, en que se han definido políticas y establecido prioridades, hemos optimado los recursos disponibles para las funciones universitarias. Asimismo se buscaron fuentes alternativas de financiamiento y se redoblaron las políticas de disciplina presupuestal y control del gasto en cada una de las Unidades y en la Rectoría General para garantizar el destino de los recursos disponibles a los programas prioritarios de las funciones sustantivas. En esta línea, la Institución estableció una estrategia que permitiera proteger la calidad de dichas funciones, promover su mejoramiento, y generar condiciones adecuadas de funcionamiento frente a las restricciones propias de la situación económica.
Para enfrentar los efectos más severos de la actual situación y dentro de una lógica estrictamente académica, se estableció un conjunto de políticas y medidas concretas orientadas a proteger, promover y mejorar: a) la permanencia de los profesores en la Institución, b) la calidad de la vida académica y c) la educación que se imparte. Es alrededor de estas políticas y medidas que está centrada la naturaleza de la Universidad y la posibilidad de cumplir con nuestros propósitos institucionales en los ámbitos de la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura.
Entre las medidas referidas se encuentran:
a) resguardar los instrumentos de permanencia de los profesores;
b) ampliar y fortalecer el programa de formación de profesores y los procesos de consolidación de los cuerpos académicos;
c) ampliar y mantener actualizados los acervos y colecciones de las Bibliotecas;
d) salvaguardar la operación de los programas dirigidos a brindar mejores condiciones para el desarrollo docente;
e) terminar las obras en proceso;
f) ampliar y mejorar la infraestructura física de las aulas y los laboratorios de docencia e investigación;
g) asegurar la viabilidad financiera de la Institución y
h) fortalecer los procesos de planeación y presupuestación para garantizar el ejercicio responsable de la autonomía universitaria.
Con el objeto de garantizar el cumplimiento de estas medidas en el corto plazo y no afectar significativamente los presupuestos asignados a las divisiones en 1995, la Rectoría General, junto con las Rectorías de las Unidades, decidieron ajustar aún más sus gastos de administración.
Desde la perspectiva de la Rectoría General, la crisis constituye un momento extraordinariamente delicado para el país y la Universidad, en que es necesario mantener con claridad el rumbo institucional, que permita la convergencia de esfuerzos y la construcción de los consensos necesarios para el desarrollo de los proyectos fundamentales de la comunidad universitaria. En esta tarea la Rectoría General ha invertido sus esfuerzos buscando siempre impedir que los procesos de fragmentación, pérdida de identidad y descuido de los objetivos, que caracterizan los periodos de crisis, generen en la Universidad una fase de deterioro y abandono de las actividades académicas.
La política que guía las acciones de la Rectoría General frente a la crisis está orientada por los procesos institucionales de planeación y presupuestación, que han permitido establecer estrategias adecuadas para la protección de la Institución y la realización de los objetivos académicos prioritarios.
En una coyuntura adversa como la actual, el papel de la Universidad es mantener y acrecentar la calidad de los servicios que presta a la sociedad, pues de este modo se ofrecen alternativas para fortalecer la capacidad de respuesta social ante los problemas y se ofrecen vías de desarrollo personal y colectivo.
En el contexto actual de grandes limitaciones, la Universidad se mantiene activa promoviendo nuevos proyectos, impulsando iniciativas de cambio para generar diferentes horizontes de desarrollo institucional y realizando un esfuerzo continuo por mejorar aún más la calidad de las actividades académicas que desarrolla.
Estoy convencido que mejorar nuestro trabajo y ofrecer a la sociedad mejores resultados, es la más alta contribución que la comunidad académica puede hacer a la población en los momentos de crisis. Esta contribución, en el ámbito educativo y de la investigación, fortalece las bases de sustentación del desarrollo futuro de nuestro país.